Ya se definió la primera parte del aumento a los docentes pero aún falta Salud y el resto de la Administración Pública. En los últimos dos años, la Provincia otorgó un aumento anual del 32% pero este año la mejora sería sensiblemente menor. En el sector privado los gremios apuntan a superar la pauta del 15% que quiere la Casa Rosada y buscan incluir en la negociación la cláusula gatillo para hacer frente a la inflación.
En este informe de Economía Riojana, te contamos cómo es la negociación de cada sector, tanto en el ámbito provincial como en el de los trabajadores del sector privado.
Llegó marzo y los reclamos salariales de los gremios locales se intensifican con el correr de los días. Semanas claves que definirán el año económico de los trabajadores asalariados privados y públicos. Con el obstáculo que significa la pretensión del Gobierno Nacional de que todas las negociaciones tengan un techo del 15% y sin cláusula gatillo más allá de la evolución de la inflación, los gremios aguardan con impaciencia el anuncio de la Provincia en materia salarial. La pauta salarial que la Casa Rosada baja como mensaje a todos las cámaras empresarias y también a las provincias está muy por debajo de los incrementos salariales que habitualmente tienen los estatales riojanos.
Hay que aclarar que para elaborar este informe se tomó en cuenta los años 2016 y 2017 por tratarse de los dos primeros años del gobierno del presidente de la Nación Mauricio Macri y del gobernador Sergio Casas en la Provincia.
En el ámbito estatal -el mayor generador de empleo en la Provincia- en los últimos dos años, el gobierno de Sergio Casas aumentó los salarios un 64% (32% cada año) a los empleados de la Administración Pública. En 2016, los estatales perdieron 8 puntos de su poder adquisitivo ya que la inflación acumulada de ese año alcanzó el 40%, según la información del Índice Congreso que difundió la oposición ya que en aquel año el Gobierno Nacional había determinado la emergencia estadística y por eso no se pueden tomar datos del INDEC. Pero en 2017, los salarios estatales quedaron por encima de la inflación. Otra vez, el aumento salarial fue del 32% frente a una inflación anual que llegó al 24,8%. Es decir, los sueldos de los empleados públicos tuvieron una recuperación de su poder adquisitivo del 7,2%.
Pese a eso, el termómetro con el que día a día se mide la suba de los precios marca que los salarios volvieron a perder poder adquisitivo en el año que pasó. La suba generalizada de precios, en especial la de las tarifas de los servicios públicos y las naftas, erosionan día tras día los sueldos de los trabajadores riojanos. En el ámbito estatal, un aspecto a destacar es que el arco gremial riojano no están acostumbrados a discutir salarios con el Gobierno, sino más bien a aceptar las decisiones que de manera unilateral toma la Casa de las Tejas. El Gobierno anuncia y los gremios aceptan o -si no aceptan- carecen de margen para presentar una contrapropuesta que pueda llegar a ser tomada en consideración por parte de la Provincia. Ahora los gremios aguardan con impaciencia los anuncios del Gobierno Provincial y se preparan para un año que será más que difícil.
El gremio mayoritario del sector -la Asociación de Trabajadores Provinciales (ATP)- sostiene un reclamo que ya es de larga data y por el cual piden igualar los salarios de los agentes públicos con los de sus pares nacionales. ATP quiere equiparar los sueldos estatales con los que se pagan en la Administración Nacional. Además, el gremio pide el blanqueo de la quincenita. El sindicato -de buena relación con el Gobierno- es uno de los que suele estar presente cuando la Casa de las Tejas anuncia aumentos salariales. De hecho, ATP afirma siempre ser el gestor de que la Provincia otorgue incrementos a los estatales.
Otro gremio del ámbito estatal que salió con premura a pedir aumento salarial es el Sindicato de Obreros y Empleados Viales (SOyEP). El gremio vial presentó al Gobierno a mediados de enero un pedido formal de incremento salarial del 18% remunerativo y bonificable y como "primer aumento del año". Los viales también exigen una cláusula gatillo a activar en julio próximo, cuando ya promedie el año y se tenga un panorama más certero sobre el avance del ritmo inflacionario.
En el ámbito de la Salud Pública, los gremios representativos del sector ya blanquearon sus pretensiones salariales. Salvo el caso de ATSA, APROSLAR y SERSalud ya formalizaron sus reclamos al Gobierno. El gremio que nuclea a los médicos de toda la Provincia reclama un aumento salarial del 30% y en blanco. La batería de demandas de la gremial médica también incluye un pedido de incremento del 30% en el valor de las guardias y subas en los items: antigüedad, especialidad profesional y zona desfavorable. Hoy el salario mínimo del sector ronda los $20.000 (incluida la quincenita que en el caso de los galenos es de $6.000). "Este será un año duro, difícil, porque se están perdiendo derechos y porque se quiere avanzar sobre los salarios y sobre las condiciones de trabajo. Además, la pirámide salarial está achatada porque no hay mucha diferencia entre los que más ganan y los que menos ingresos tienen", se queja el titular de APROSLAR, Rolando Agüero.
Fuera de lo netamente salarial, APROSLAR insiste por más personal profesional para los hospitales de la Provincia, una caja complementaria provincial para la jubilación que permita llegar al 82% móvil y más presupuesto para Salud Pública. En el caso de SERSalud -el gremio que nuclea a trabajadores no profesionales del sector- se pide un porcentaje de aumento igual al que reclaman los médicos: 30% de aumento al básico y 30% sobre el valor de las guardias.
A estos pedidos salariales, SERSalud le suma el reclamo de pase a planta permanente del personal precarizado, pago de deudas por viáticos y cambio de agrupamiento en el personal de enfermería que trabaja en el Hospital de la Madre y el Niño.
En el sector de los Docentes la situación es bastante más compleja y también más conflictiva. Días atrás el Gobierno anunció un aumento salarial en dos tramos. El primero se cobró a partir de febrero (se empezó a pagar con la liquidación de haberes de principios de marzo) y consiste en una suba combinada entre aumento porcentual y mejora sobre el piso salarial. Se trata de un aumento del 10,5% al básico y además elevar de $12.000 a $13.000 el sueldo inicial.
En AMP exigen un aumento salarial de $3.600 por cargo, lo que en términos porcentuales significa un pedido de incremento del 30%, por lo que rechazaron de plano el aumento que anunció la Provincia. En este marco, el gremio se plegó al paro nacional docente de 48 horas que la CTERA dispuso para los días 5 y 6 de marzo y el no inició las clases. A eso le sumó un paro provincial de media jornada (turno mañana) por 72 horas. De ese modo, AMP completó la primera semana del ciclo escolar prácticamente sin dar clases.
Otro tema que causó gran malestar en el sector docente gira en torno al denominado Fondo Compensador. A mediados de enero, la Nación anunció que dejaría de girar a la Provincia el dinero del Fondo Compensador y que significaban una suma de $700 por cargo docente. El Fondo Compensador era un complemento que la Nación le enviaba a 7 provincias del país (entre las cuales estaba incluida La Rioja) que no llegaban al piso salarial que se acordaba en la paritaria nacional. Ese recorte de $700 golpeó duro en el bolsillo de los docentes y despertó el enojo del gremio AMP, el sindicato más fuerte y con mayor cantidad de afiliados del sector. AMP salió a reclamar que la Provincia se haga cargo del pago del Fondo Compensador.
Si bien el sindicato mantiene una postura muy crítica con el Gobierno Provincial, en los últimos días se abrió un canal de diálogo entre las partes luego de que el ministro del área, Juan Luna recibiera en audiencia a la cúpula del gremio. Allí, el Gobierno y AMP acordaron iniciar una ronda de reuniones para discutir allí las mejoras salariales y laborales.
Esta reapertura del diálogo entre la Provincia y el gremio también se vincula con otro de los viejos reclamos de AMP y que es el pedido para que se restituya la antigua paritaria docente en la que participaba solamente el Gobierno y AMP. Desde el gremio que conduce Rogelio De Leonardi argumentan ser el único sindicato docente con personería gremial propia y aseguran que esa es una condición indispensable para sentarse en la mesa de negociaciones.
Actualmente, el Ministerio de Educación de la Provincia lleva adelante la paritaria docente con los gremios UDA, SELaR y AMET. El acuerdo salarial docente aún no está cerrado y los gremios quieren hacer una contrapropuesta. En este marco, desde el Gobierno, el ministro de Educación, Juan Luna anticipó que la oferta inicial será mejorada y que se ofrecerá una suma fija de entre $2.000 y $2.500 por cargo docente.
En el caso de los bancarios, el conflicto entre la Asociación Bancaria y el Gobierno Nacional está en uno de sus momentos más álgidos. Los bancarios plantearon un aumento salarial del 19,5% más la aplicación de la cláusula gatillo. El gremio rechazó el ofrecimiento inicial del 9% y sin cláusula gatillo que ofrecieron las cámaras empresarias con el aval de la Casa Rosada. Ante esta resistencia del gremio, en la última semana la patronal elevó de 9% a 15% su propuesta salarial y ofreció pagarla en tres cuotas (de 5% cada una, a pagar desde enero) y sin cláusula gatillo. La Bancaria volvió a rechazarla.
Otro de los ejes del conflicto es el llamado bono por el Día del Bancario. Las empresas no están dispuestas pagar este bono que hasta hora venía abonándose al sector y que en 2017 fue de $22.000 para los trabajadores que menos cobran. Si bien continúan las negociaciones aún no hay un acuerdo entre las partes.
En el marco de esta disputa por los salarios, la Bancaria ya concretó dos paros contundentes en todo el país. El primero fue de 24 horas y el segundo de 48. Ambos concretados en febrero. El gremio advierte que si la Nación no cede en su postura y no accede al reclamo salarial, el conflicto se agravará cada vez más.
Los mercantiles cerraron días atrás un acuerdo salarial del 15% anual y una cláusula de revisión por inflación en enero de 2019. El acuerdo comprende una suba del 10% que se concretará en abril y una segunda suba del 5% que se pagará a partir de agosto.
La cláusula de revisión -cláusula gatillo- se activará en enero de 2019, siempre en el caso de que la inflación de 2018 supere la pauta salarial del 15% acordada.
Hay que recordar que a mediados de enero pasado, las cámaras empresarias y el Sindicato de Comercio acordaron el pago de un adicional de 6% para compensar el incremento no esperado de la inflación anual 2017. La patronal aceptó así activar la cláusula gatillo 2017 y pagó este 6% en tres tramos: 2% en enero y similares porcentajes en febrero y marzo.
En este sector, las negociaciones aún no se definen pero no se trata de un sector que pueda generarle un conflicto al Gobierno Nacional. La UOCRA se muestra cercano a la Casa Rosada y en ese marco el gobierno de Mauricio Macri buscaría cerrar la paritaria del sector en el anhelado 15%.